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Desarrollo Inmobiliario en patrimonio cultural protegido

Juan Antonio Mazariegos
mayo, 2018

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Es común que cualquier desarrollador inmobiliario que deseé evaluar la realización de una obra en un predio en Ciudad de Guatemala o en cualquier otro lugar del país, se enfrente a la incertidumbre sobre la clasificación como bien cultural que posee la construcción existente en el  inmueble (ver clasificación abajo), qué se permite o que no se permite realizar en ese predio, de conformidad con las leyes que delimitan y protegen el patrimonio cultural, en el caso concreto sobre las características arquitectónicas que incluyen su forma, volumen, textura y decoración.

 

El Patrimonio Cultural del País  está regulado por una ley específica que es el decreto número 26-97, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. El artículo 3 de dicha ley, en su último párrafo señala que

“quedan afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace referencia el presente artículo en su numeral uno romano, que tengan más de cincuenta años de antigüedad, a partir del momento de su construcción o creación y que representen un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, la cultura en general y contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los guatemaltecos.”

De forma general el artículo 12 del mismo cuerpo legal determina que

los bienes que forman el Patrimonio Cultural de la Nación no podrán destruirse o alterarse total o parcialmente, por acción u omisión de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.”

En ese mismo sentido el artículo 9 de dicha ley señala que los bienes culturales

“no podrán ser objeto de alteración alguna salvo en el caso de intervención debidamente autorizada por la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, y cuando se trate de bienes inmuebles declarados como parte de un Centro, Conjunto o Sitio Histórico, será necesario además, autorización de la Municipalidad bajo cuya jurisdicción se encuentre.”

Por último, dentro de la referida ley, el artículo 16, determina que

“la persona que tenga capacidad científica y técnica fehacientemente comprobada, puede desarrollar proyectos de cualquier índole en inmuebles, centros o conjuntos históricos, urbanos o rurales y en zonas o sitios arqueológicos, paleontológicos o históricos, solicitando en forma previa a su ejecución, someter tales proyectos a la aprobación de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, que dispondrá el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas para la mejor protección y conservación de aquellos, bajo su vigilancia y supervisión.”

En el caso concreto de la Ciudad de Guatemala, para la regulación y desarrollo sobre los Conjuntos Históricos de la misma, se emitió el Acuerdo Municipal  22,455 mediante el cual, en su artículo 1, se delimita el ámbito de aplicación de dicho reglamento y lo sitúa como

“La protección y conservación del Centro Histórico, sus áreas de amortiguamiento y los conjuntos históricos de la Ciudad de Guatemala, especialmente del Barrio de la Candelaria, Barrio de Jocotenango de la zona dos y el Centro Cívico Metropolitano.”  

 

 

Y el Ministerio de Cultura y Deportes emitió el Acuerdo Ministerial 328-98 que en  sus artículos 1 y 2 establece:

“ARTICULO 1. Se declara El Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, conformado por la parte central del casco urbano, donde se fundó La Nueva Guatemala de La Asunción, comprendiendo desde la Avenida Elena, hasta la doce avenida, y de la Primera Calle hasta la Dieciocho calle de la zona Uno; así como el Cerrito del Carmen y tres áreas de amortiguamiento conformadas por el Barrio de la Candelaria, el Centro Cívico Metropolitano y el Barrio de Jocotenango de la zona dos. El Centro Histórico también comprende los bienes inmuebles que se identifican en los Artículos 4o. y 5o. de este Acuerdo”

y

“ARTÍCULO 2.  Se declaran Conjuntos Históricos, los que se comprenden de la época prehispánica, colonial y previa al traslado de la ciudad al Valle de la Ermita, de la traslación hasta la época contemporánea, siendo principales los siguientes: Jocotenango, Parroquia Vieja, Candelaria, San José, Gerona, Cementerio General, Ciudad Vieja, Plaza España, Centro Cívico, Ciudad Olímpica, Avenida de la Reforma, Avenida de Las Américas y sus monumentos, Finca La Aurora-Feria de Noviembre.”

Todas estas disposiciones permiten concluir que las alteraciones o la demolición de un bien declarado como patrimonio cultural están limitadas o prohibidas, siendo factible hacer modificaciones siempre que se observen los parámetros establecidos por el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural, así como se consulte a la Municipalidad del lugar en el caso de que se trate de un Conjunto Histórico y se observen las demás disposiciones legales aplicables.

Dentro del marco de esta normativa, podemos entender también  que existe un amplio espectro subjetivo de interpretación, siendo la condiciones a tomar en cuenta la antigüedad del inmueble, como generalidad más de 50 años y sus condiciones históricas y artísticas.

 

Cuando nos encontramos ante un inmueble que tiene una clasificación como patrimonio cultural y deseamos que la misma sea corregida o revertida (únicamente es posible cambiar de la clasificación C a D), debemos de acudir a una inspección e interpretación que se realiza por parte de un delegado de  la Dirección el Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes en donde se observarán las características de la construcción, su valor arquitectónico y su aporte a la zona donde se ubica, a efecto de determinar si es posible cambiar su clasificación y se permita su modificación, alteración o demolición.

Como última aportación de este breve artículo, es necesario que cualquier desarrollador inmobiliario tenga presente que existe el delito de depredación de bienes culturales,  

 

“ARTICULO 44. Depredación de bienes culturales. (Reformado por el Decreto 81-98 del Congreso de la República). Al que destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare parcial o totalmente, los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Nación, será sancionado con pena privativa de libertad de seis a nueve años, más una multa equivalente al doble del precio del bien cultural afectado.”

La intervención inmobiliaria en Conjuntos Históricos es posible, debe de hacerse en apego a la legislación vigente y con el espíritu  de integrar las nuevas obras al patrimonio cultural de nuestro País.

Categorías de los inmuebles:

Los inmuebles que conforman el Centro Histórico y los conjuntos históricos de la Ciudad de Guatemala, para su manejo están clasificados de conformidad a las categorías que establece el artículo 3°. del Acuerdo Ministerial número 328-98 del Ministerio de Cultura y Deporte.

  • Categoría A: Casas, edificios, y obras de arquitectura e ingeniería, declarados Patrimonio Cultural de la Nación, por su valor histórico, arquitectónico, artístico o tecnológico.
  • Categoría B: Casas, edificios, y otras obras de arquitectura e ingeniería, así como espacios abiertos tales como: atrios, plazas, parques y jardines característicos o tradicionales del Centro o del Conjunto Histórico respectivo, declarados Patrimonio Cultural de la Nación.
  • Categoría C: Casa y edificios que, sin corresponder a las categorías anteriores, reúnan características externas que contribuyan al carácter y paisaje tradicionales del Centro o del Conjunto Histórico respectivo.
  • Categoría D: Todos los inmuebles situados dentro de los perímetros del Centro Histórico y los Conjuntos Históricos que no corresponden a las categorías A, B o C.

 

Juan Antonio Mazariegos
Socio Director Alegalis (Legic Guatemala)
Email:  info@alegalis.com

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