Miembro de

MENÚ

Tribunales Penales en materia tributaria y aduanera

Cristian Josué Rojas
julio, 2017

Compartir

Burden of proof - Moodily lit legal law concept image with Scales of justice backlit and row of law books in background. Hazy light from right good for text copy.

Mediante Acuerdo 13-2016, la Corte Suprema de Justicia decide crear órganos jurisdiccionales especializados en materia tributaria y aduanera, de acuerdo con las funciones que la Constitución Política de la República le otorga para el efecto, procediendo a crear: a) un Juzgado de Primera Instancia Penal; b) un Tribunal de Sentencia Penal, y; c) una Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal; todos en materia Tributaria y Aduanera. Dicho acuerdo se suscribió el 15 de junio del 2016, entrando en vigencia en marzo del presente año con las formalidades que la ley establece, conteniendo también disposiciones relacionadas a la integración, ubicación, competencia, entre otras de carácter administrativo.

Como parte de la innovación y mejora del sistema judicial, la Corte Suprema de Justicia consideró dentro del acuerdo 13-2016, que con el fin de velar porque la administración de Justicia sea pronta y cumplida, es urgentemente necesario adoptar medidas que tiendan a viabilizar la eficiencia en el juzgamiento de los hechos delictivos que encuadran en tipos penales de carácter tributario y aduanero, creando de esa forma los Tribunales especializados.

El plan de subdividir las materias del derecho penal para su juzgamiento, podría en dado caso resultar contraproducente para la aplicación de justicia dentro de un correcto sistema judicial, si bien es cierto, la rama del derecho civil separó al derecho de trabajo y al derecho penal, como dos grandes ramas que debían conocerse de forma aislada por el fin que persigue. Hablando específicamente de la rama del derecho penal, ésta por un lado conoce al delito como una acción u omisión típica y punible, y por el otro, al delincuente como sujeto de derechos y no como objeto.

Bajo esa premisa, el derecho penal sustantivo comprende tipificar todos aquellos delitos cometidos contra bienes jurídicos tutelados distintos dentro de una sociedad determinada, siendo estos: delitos contra la vida, delitos contra el honor, delitos contra la libertad y seguridad sexual, etc., incluyendo los delitos  contra el régimen tributario. En el momento que cualquier persona ponga en marcha el verbo rector de cualquiera de los delitos reglados por la normativa penal, se activa el poder punitivo del Estado a través de los Tribunales competentes en la materia del derecho que fueron creados, en el tema en mención, los tribunales en materia penal.

Desde el momento que se acuerda crear juzgados penales especializados, -además de comprometer los recursos del Estado- se pone en duda el derecho de defensa del sindicado, pues el juzgador (técnico) al conocer del caso, inconscientemente ha tomado ventaja sobre la inocencia del sujeto que es puesto ante su competencia, cambiando el principio constitucional de inocencia a presunción de culpabilidad, en el que la persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario sobre los hechos que la administración tributaria señala en su contra, deshumanizando por completo al sujeto activo del proceso penal en donde los elementos positivos y negativos de la teoría del delito han quedado olvidados.

En ese mismo tema, el pasado jueves 13 de los corrientes se llevó a cabo un seminario para conocer la implementación de los órganos jurisdiccionales penales especializados en materia tributaria y aduanera. La presencia de representantes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Organismo Judicial (OJ) y Ministerio Público (MP), hicieron que los participantes que estuvimos presentes conociéramos sus posturas frente a la creación de éstas judicaturas.

Dentro de dicho seminario se dio la oportunidad para que cada uno de los panelistas expusiera el rol que asumen frente a la creación de los órganos jurisdiccionales especializados. La intervención del representante de la Superintendencia de Administración Tributaria, se centró en la importancia que tienen los órganos jurisdiccionales especializados dentro de las actividades que tienen como recaudadores, pues para que exista una correcta aplicación de las normas tributarias debe existir más especialización en los operadores de justicia, desde jueces hasta litigantes, y enfatiza que de esa forma se extrae la competencia en materia tributaria y aduanera de jueces penales comunes a jueces penales especializados. Por su parte, la representante de la Fiscalía de Delitos Económicos, indicó que de acuerdo con la experiencia en las investigaciones, la creación de los tribunales especializados en la materia permitiría una tutela judicial más efectiva por parte de los nuevos jueces penales quienes dejaban el cargo de “todólogos”.  Seguidamente, el magistrado de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia que estuvo presente, indicó que el 78% de los expedientes que conoce actualmente la Cámara Civil son en materia tributaria y aduanera, lo cual denota que el área debe ser atendida con el conocimiento debido, respetando cada una de las garantías constitucionales de los particulares, puntualizando que la justicia debe ser imparcial y con absoluta independencia.

Ahora bien, mucho se ha hablado sobre los  términos “imparcialidad” e “independencia”, que actualmente son elementos del sector justicia que están siendo cuestionados en nuestro país a causa de las instituciones que interactúan dentro de los procesos de investigación en materia tributaria y aduanera. El ente recaudador al poner en marcha su papel correctivo debe ceñirse a lo que específicamente la ley señala para el efecto. Los artículos 70 y 90 del Código Tributario son claros en establecer que es la SAT la que debe denunciar inmediatamente los ilícitos penales que se determinen en contra de los contribuyentes; esto debe entenderse que el actuar de la administración tributaria debe estar apegada a los principios de independencia, legalidad y juricidad, respetando los procedimientos administrativos que la propia institución debe esclarecer sin perjuicio de las sanciones penales que correspondan por parte de un ente distinto a éste.

Seguidamente, el Ministerio Público es otro de los actores fundamentales en los procesos penales y no se diga de los actuales procesos penales en materia tributaria, pues su papel se debe circunscribir exclusivamente para acusar y perseguir penalmente como órgano auxiliar de la administración de justicia, debiendo formular requerimientos y solicitudes objetivas aún en favor del imputado (Artículo 108 del Código Procesal Penal), sin embargo actualmente se dice que el Ministerio Público ha tomado un papel de segundo recaudador de impuestos, lo cual nos aleja totalmente de un proceso justo e imparcial, pues la atribución de conocer y recaudar tributos es exclusivamente de la administración tributaria, quedando únicamente de su lado investigar y averiguar la verdad de los hechos denunciados.

Por último y no menos importante, el juez penal, quien decide el rumbo que debe tomar el proceso. Para la Real Academia Española, el juez es quien tiene la autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. Bajo esa condición, el juez es quién ejerce la función punitiva del Estado sobre las cuestiones que son puestas a su conocimiento por el defensor y el acusador, debiendo resolver de una forma imparcial e independiente y en esa línea su juzgamiento sea apegado a derecho respetando cada una de las garantías que la ley le otorga a los particulares. No obstante, algo que llama poderosamente la atención, sucedió el 14 de marzo del presente año, en donde el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia indicó en relación a la inauguración de los nuevos tribunales especializados, lo siguiente: “… se busca fortalecer el sistema de justicia, y los nuevos órganos jurisdiccionales buscan luchar contra la evasión y las defraudaciones tributarias, dichos órganos estarán ubicados en el Ministerio de Finanzas Publicas.” Lo anterior no puede suceder en un sistema judicial imparcial e independiente, puesto que de ninguna manera el órgano jurisdiccional debe “luchar” contra evasión o defraudación tributaria, esa es una atribución que no le compete, sino que únicamente debe resolver los asuntos que puestos ante su competencia bajo los principios garantizados en nuestra constitución, dejando la investigación y recaudación a las entidades a cargo para el efecto.

Habiendo dicho esto, está claro que la Superintendencia de Administración Tributaria debe mantener su rol de parte interesada como cualquier denunciante (querellante de haberse constituido); la del Ministerio Público el papel de investigador objetivo que le corresponde con el fin de averiguar la verdad de los hechos, y el Juez preciso, imparcial e independiente de sus funciones jurisdiccionales ante la resolución que está por proferir, claro está, que no puede existir intromisión entre ellos más allá de lo que la ley permite, es por ello que los tribunales especializados en materia tributaria deben funcionar bajo esa premisa para que exista seguridad jurídica para los particulares y no tengamos en un tiempo, una oficina judicial de cobro de impuestos.

 

Cristian Josué Rojas

Departamento Litigio

Compartir

Suscríbete:





Guatemala

Domani
2da Calle 24-00 Zona 15, VH II,
Edificio DOMANI, Oficina 701
Guatemala, Guatemala, C.A
Tel: (502) 2503-3777
Fax: (502) 2503-3757
info@alegalis.com

 

Avante
2a. Calle 23-80, Zona 15
VH II, Oficina 502,
Guatemala, Guatemala, C. A.

Centro América

LEGIC
info@legic.com
www.legicgroup.com

HONG KONG

Suite 1371, 1301 Bank of
America Tower,
12 Harcourt Road
Central District, Hong Kong
info@alegalis.com

Tel: +852 2115-9628
Fax: +852 2115-9818