Justicia post Paz

Hace unas semanas, el Gobierno Colombiano y las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron en Cartagena de Indias,  unos acuerdos de paz que en principio ponían fin a 52 años de lucha armada que dejó como cauda cientos de miles de muertos, heridos, desplazados y víctimas del más antiguo conflicto armado vigente en América.
 
Las encuestas de todos los medios vaticinaban una victoria del SI, en ratificación de los acuerdos en mención, sin embargo, los resultados del  plebiscito al que había sido convocado todo el pueblo Colombiano y que fue  celebrado el domingo 2 de octubre, sorprendieron a propios y extraños cuando el NO, en un apretado resultado rechazó los acuerdos alcanzados. 
 
Los análisis y las justificaciones pueden resultar mucho más extensos que los mismos acuerdos, aún así, hay un punto sobre el que se basó la campaña del NO y que radicaba en el importante tema de la justicia.  Sobre este punto, los acuerdos alcanzados crean una Jurisdicción Especial para la Paz, la cual tiene como premisa textual:
 
 “Satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y contribuir al logro de una paz estable y duradera”.
 
La referida fórmula para reparar y castigar los ilícitos cometidos a la luz del conflicto,  a diferencia de otros acuerdos de paz alcanzados en América, incluyendo el de Guatemala, no se basa en una amnistía general o parcial, si no busca imponer un marco legal para juzgar crímenes cometidos al amparo de la guerra que está a punto de finalizar.
 
Si bien la propuesta resulta novedosa, las penas que pretenden imponerse  y que van de entre 5 a 8 años de “restricción de libertad”, aún no bien determinada, han provocado la división de la sociedad Colombiana, entre los partidarios del SÍ o el NO en las votaciones, precisamente bajo la diferente óptica de unos y otros que consideran por un lado que la paz bien vale el costo de una reducción de penas y otros que estiman que dicha reducción no compensará jamás a las víctimas de los ilícitos que se cometieron.
 
Si de algo sabemos en Guatemala es del conflicto post conflicto y de las diferentes visiones y argumentos que se esgrimen alrededor de juzgar o no a quienes se consideran responsables de actos delictivos al amparo de la guerra.
 
Quienes negociaron la paz en Colombia seguramente analizaron los errores de otros y crearon esta Jurisdicción de la Paz. Que funcione o no dependerá ahora de qué camino decidan tomar los Colombianos, habrá una nueva negociación, volverán a las armas o a las urnas, se formará una Asamblea Nacional Constituyente, los próximos días serán claves para encontrar una salida a la situación actual.
 
Por de pronto, entre la antipatía que despierta la guerrilla Colombiana y la negativa de la democracia  a dejarlos ingresar a la sociedad sin cumplir el castigo que consideran se merecen, todo está paralizado.
 
Las partes del conflicto y los políticos dan ahora sus primeras explicaciones y toman postura, al final quienes decidirán el destino de Colombia y su búsqueda por la paz deberán de proponer un camino, cualquiera que este sea, no pueden dejar de  analizar, si al interior de cada una de las víctimas o sus familiares, la pena  cumple o no con llevar justicia a su parecer, o si  el precio de la paz bien vale por un momento dejar de pensar en ello.