Desde nuestro diseño constitucional, el arbitraje en Guatemala ha sufrido una falta de planificación. A diferencia de otras materias en las cuales nuestros constituyentes pudieron haber argumentado que no tenían un ejemplo en el cual basarse para desarrollarlas, el arbitraje ya había sido regulado constitucionalmente incluso antes de que fuésemos un país independiente. El artículo 172 de la Constitución de la República Federal de Centroamérica reconocía expresamente el derecho de las partes en un litigio a nombrar árbitros en cualquier estado del pleito para que conocieran de sus disputas, y calificaba esa facultad como “inherente a toda persona” (Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América, 1824/2014, art. 172).

Posteriormente, la Constitución del Estado de Guatemala de 1825 repetía casi literalmente lo establecido en la Constitución de la República Federal de Centroamérica, incluida la regla de que  de los árbitros eran inapelables. Remitiéndonos a 1985, año de nuestra actual constitución, ya podemos observar una falta de referencia absoluta a un derecho a arbitrar las disputas. Aquel que había sido un derecho inherente de los ciudadanos Centroamericanos y guatemaltecos fue removido totalmente del texto constitucional. Seamos claros, la falta de referencia al arbitraje dentro de la Constitución de 1985 no se debió a una falta de conocimiento del mecanismo por parte de nuestros constituyentes. Después de todo, el artículo 171 de esta constitución expresamente menciona el arbitraje.

La realidad es que a pesar de haber hecho una Constitución bastante extensa[1], nuestros constituyentes no consideraron que acudir al arbitraje fuera un derecho inherente de los ciudadanos guatemaltecos. Bien o mal, esa fue una decisión que tomaron los constituyentes y definitivamente daría lugar a varios de los problemas que tenemos con el arbitraje en Guatemala hoy en día. Para 1985, el arbitraje se encontraba en un momento sumamente complicado en Guatemala. A pesar de no contar con reconocimiento constitucional, el Código Procesal Civil y Mercantil seguía regulando el procedimiento arbitral. Aún peor, la nueva Constitución contenía un artículo que parecía descartar expresamente la posibilidad de arbitrar en el país, al otorgar a los tribunales de justicia la potestad de “juzgar y promover la ejecución de lo juzgado” y reservar la función jurisdiccional, “con exclusividad absoluta”, a la Corte Suprema de Justicia y a los demás tribunales (Asamblea Nacional Constituyente, 1985, art. 203). Lógicamente, si esa potestad corresponde únicamente al Organismo Judicial, se elimina la posibilidad de que un tribunal arbitral conozca de una disputa y emita una decisión vinculante con “fuerza de cosa juzgada”.

No fue sino hasta 2011, en la sentencia de inconstitucionalidad general parcial dictada dentro del expediente 387-2010, que la Corte de Constitucionalidad abordó esta clara contradicción, aunque de manera indirecta (Corte de Constitucionalidad, 2011). A los ojos de la Corte, el arbitraje es solamente un “equivalente jurisdiccional” que carece de la potestad de ejecución que sí tiene la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, en la sentencia dictada dentro del expediente 1316-2012, la Corte complementó ese criterio con el derecho de libertad de acción del que gozan todos los guatemaltecos, reconocido en el artículo 5 de la Constitución actual (Corte de Constitucionalidad, 2012).

Hay que ser muy claros: decir que el procedimiento arbitral no viola el artículo 203 de la Constitución es una ficción. Desde el momento en que un árbitro tiene la capacidad de conocer una disputa y darla por terminada con un efecto de “cosa juzgada” de tal manera que ningún juez o árbitro puede conocer de la disputa nuevamente, el árbitro está efectivamente juzgando la disputa. Si se lleva a cabo una confrontación constitucional directa entre el texto del artículo 203 y la Ley de Arbitraje de Guatemala, el resultado debería ser que se declare la inconstitucionalidad de toda la normativa arbitral del país. ¿Quiere esto decir que la Corte de Constitucionalidad debería suprimir el arbitraje en Guatemala?

Sin lugar a dudas, la respuesta a esta pregunta es un rotundo no. El arbitraje es una herramienta sumamente útil para descongestionar el sistema de justicia de cualquier país. Que hayamos sido tan flojos a la hora de implementarlo no es culpa del arbitraje; es culpa de nosotros, sus stakeholders[2]. Los propios considerandos de la Ley de Arbitraje reconocen que esta vía se nos proporcionó para contribuir al descongestionamiento de “la pesada carga de los tribunales jurisdiccionales” (Congreso de la República de Guatemala, 1995), y hoy nuestro sistema de justicia está en una crisis de mora judicial brutal. De conformidad con el Rule of Law Index 2023 del World Justice Project, Guatemala ocupó el lugar 141 de 142 países en el indicador que mide si la justicia civil está libre de demoras irrazonables; es decir, fue el segundo país más lento para la resolución de disputas (Prensa Libre, 2024). Solo Venezuela, una dictadura, quedó por debajo; si la quitamos del ranking, seríamos el primero. ¿Dónde está el arbitraje entonces? Es claro que nuestro sistema judicial requiere apoyo y está desbordado de casos. Si existe un momento en el cual el arbitraje debería brillar, es justamente este. Entonces, ¿cuántos arbitrajes nuevos ven las instituciones arbitrales guatemaltecas al año?

Esta es una de las preguntas más incómodas para los stakeholders del arbitraje en Guatemala. Al día de hoy, solamente un centro de arbitraje en el país publica sus estadísticas. Aun así, un estimado razonable rondaría entre 80 y 90 arbitrajes al año entre todas las instituciones arbitrales. Vale la pena recalcarlo: Guatemala, el país más lento del mundo libre para la resolución de disputas por la vía judicial, un país en el cual el arbitraje debería estar en su momento de oro, no llega ni a los cien arbitrajes en un año.

Distintos profesionales atribuyen la situación actual del arbitraje nacional a varias razones. Algunos dicen que el arbitraje simplemente es un mecanismo muy difícil de escalar y, por lo tanto, deberíamos preferir otros métodos alternos de resolución de disputas, como la mediación y la conciliación, para descongestionar el Organismo Judicial. Otros atribuyen la escasez de arbitrajes a que la Ley de Arbitraje limita severamente las materias que se pueden someter a arbitraje. Por último, hay quienes dicen que la facultad de las Salas de la Corte de Apelaciones del ramo civil y mercantil para “modificar” el laudo arbitral por medio del recurso de revisión (Congreso de la República de Guatemala, 1995, art. 43) es lo que en verdad afecta el progreso del arbitraje.

Si bien ninguna de las circunstancias anteriormente planteadas ayuda al desarrollo del arbitraje, muchas veces se utilizan como excusas para no afrontar los verdaderos problemas de fondo. En lo que respecta a la escalabilidad del arbitraje como método de resolución de disputas, basta ver a otros países para percatarnos rápidamente de que, con suficiente organización, es posible llegar a los varios cientos de miles de arbitrajes al año. El mejor ejemplo es China. Según el Ministerio de Justicia de ese país, sus comisiones de arbitraje recibieron en conjunto 607,000 casos en 2023 (Tribunal Popular Supremo de la República Popular China, 2024), y según el informe anual sobre arbitraje comercial de la China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC), la cifra llegó a 956,000 casos en 2025 (He y Zou, 2026). Recientemente, el Ministerio de Justicia de China anunció que, desde la entrada en vigor de su Ley de Arbitraje en 1995, ya se rebasaron los 5 millones de arbitrajes en todo el país (Xinhua, 2025).

Respecto a la segunda objeción, esta es, sin lugar a dudas, la que más se apega a la realidad. Efectivamente, la actual redacción de la Ley de Arbitraje sí incide en qué casos son arbitrables (Congreso de la República de Guatemala, 1995, art. 3) y, por lo tanto, limita la cantidad máxima de casos que pueden llegar a sede arbitral. Sin embargo, la mayoría de las controversias de origen civil y mercantil ya son arbitrables. Entre las pocas cosas que siguen sin poderse arbitrar se encuentran los conflictos societarios (un criterio que la Corte de Constitucionalidad ya ha cambiado varias veces; véanse Corte de Constitucionalidad, 2014, 2017) y los arrendamientos. Seamos francos: ¿cuántos arbitrajes nuevos llegarían si, de la nada, estas disputas se volvieran arbitrables? Siendo muy optimistas, supongamos que la cantidad de arbitrajes se duplicara. Eso querría decir que pasamos de 80 arbitrajes al año a 160. Cualquier juzgado en la ciudad de Guatemala recibe más casos que eso en una quincena. Cambiar solamente este aspecto no es suficiente.

Por último, el tercer punto que se considera es la facultad de revisión del laudo arbitral. Hace unos años llevé a cabo un proyecto junto con unas colegas titulado “Voces de Justicia”, el cual tenía por objeto entrevistar a magistrados de las Salas de la Corte de Apelaciones para saber sus puntos de vista con respecto al arbitraje en Guatemala. Parte del cuestionario estaba destinado a conocer cuál era la posición de los magistrados en torno al uso del recurso de revisión contra el laudo arbitral. Si bien es cierto que varios reconocieron que habían tenido en curso, o incluso tenían en curso en ese momento, recursos de revisión, pocos de ellos indicaron haber declarado nulo, parcial o totalmente, un laudo, y ninguno reportó haber modificado un laudo arbitral. Si bien estoy de acuerdo en que el Organismo Judicial no debería poder modificar laudos arbitrales, ya que estos reflejan la autonomía de la voluntad de las partes, no es culpa de este organismo que el arbitraje no se expanda. Puedo decir que, en mi práctica, nunca un colega o un cliente me ha objetado incluir una cláusula arbitral porque una sala pudiera eventualmente modificar el laudo.

Si ninguna de estas tres razones explica por sí sola el estancamiento, conviene hacernos una pregunta más incómoda: ¿qué hemos hecho nosotros? La Ley de Arbitraje entró en vigor en 1995 (Congreso de la República de Guatemala, 1995). Desde entonces, el arbitraje ha tenido más de tres décadas para consolidarse en Guatemala y, aun así, no lo ha hecho. En ese tiempo hemos culpado a la ley, a la Corte de Constitucionalidad y a las Salas de Apelaciones, y hemos esperado que una reforma legislativa o un cambio de criterio judicial venga a rescatarlo.

Tal vez el verdadero problema de fondo sea precisamente esa espera. Ningún salvador externo al sistema hará por el arbitraje lo que no hemos hecho sus propios stakeholders: generar confianza en los usuarios, transparentar cuántos casos tramitamos y cuánto tardamos, ofrecer procedimientos accesibles para disputas de menor cuantía y formar árbitros capaces de atender una demanda mucho mayor. El arbitraje guatemalteco nació sin planificación, nos toca a nosotros mismos planificar su futuro.

[1] Como referencia, una de las constituciones más extensas del mundo es la de la India, con más de 440 artículos (Embajada de la India en Belgrado, s. f.).

[2] Por stakeholders no me refiero a los órganos del Estado, sino a quienes, desde el sector privado, hemos sido los encargados de velar por el desarrollo de esta herramienta.

• Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala. (2014). Constitución Política del Estado de Guatemala de 1825. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucion-politica-del-estado-de-guatemala-de-1825/ (Obra original publicada en 1825)
• Asamblea Nacional Constituyente. (1985). Constitución Política de la República de Guatemala (reformada por Acuerdo Legislativo 18-93). Contraloría General de Cuentas. https://www.contraloria.gob.gt/wp-content/uploads/2018/02/1-CONSTITUCION-POLITICA-1985.pdf
• Asamblea Nacional Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América. (2014). Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América de 1824. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcmd0s1 (Obra original publicada en 1824)
• Congreso de la República de Guatemala. (1995). Decreto número 67-95: Ley de Arbitraje. Diario de Centro América. https://www.congreso.gob.gt/assets/uploads/info_legislativo/decretos/1995/gtdcx67-1995.pdf
• Corte de Constitucionalidad. (2011, 7 de julio). Sentencia del expediente 387-2010 [Inconstitucionalidad general parcial]. https://jurisprudencia.cc.gob.gt/Sentencias/817778.387-2010.pdf
• Corte de Constitucionalidad. (2012, 6 de noviembre). Sentencia del expediente 1316-2012 [Inconstitucionalidad general parcial]. https://jurisprudencia.cc.gob.gt/Sentencias/821522.1316-2012.pdf
• Corte de Constitucionalidad. (2014, 9 de diciembre). Sentencia del expediente 3475-2014 [Apelación de sentencia de amparo]. https://jurisprudencia.cc.gob.gt/Sentencias/826503.3475-2014.pdf
• Corte de Constitucionalidad. (2017, 23 de marzo). Sentencia del expediente 3348-2016 [Apelación de sentencia de amparo]. https://jurisprudencia.cc.gob.gt/Sentencias/833995.3348-2016.pdf
• Embajada de la India en Belgrado. (s. f.). Article on Constitution of India. Recuperado el 15 de octubre de 2026, de https://eoibelgrade.gov.in/listview/NTky
• He, X., y Zou, D. (2026, 17 de septiembre). 全国仲裁案件标的总额连续三年突破万亿元 [El monto total de los casos de arbitraje en el país supera el billón de yuanes por tercer año consecutivo]. Xinhua. https://www.news.cn/legal/20260917/1d8f8120d56f4631812f90c561352f21/c.html
• Prensa Libre. (2024, 25 de abril). Guatemala tiene uno de los sistemas de justicia más lentos del mundo. https://www.prensalibre.com/guatemala/guatemala-no-se-detiene/guatemala-tiene-uno-de-los-sistemas-de-justicia-mas-lentos-del-mundo/
• Tribunal Popular Supremo de la República Popular China. (2024, 9 de septiembre). 累计办理案件500多万件！我国仲裁事业健康快速发展 [Más de 5 millones de casos acumulados: el arbitraje de nuestro país se desarrolla de forma sana y rápida]. https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/442461.html
• (2025, 30 de septiembre). China handles over 5m arbitration cases. China Daily. https://govt.chinadaily.com.cn/s/202509/30/WS68db72e8498e23165e068d05/china-handles-over-5m-arbitration-cases.html