1. ¿En qué consiste la norma?

Estamos ante el decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles. El Congreso lo aprobó el 22 de septiembre de 2026 con urgencia nacional y establece una exención temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo y del Impuesto al Valor Agregado aplicable a determinados combustibles. Fue aprobado con el respaldo de 148 diputados y tiene como finalidad responder al alza de precios en el combustible.

2. ¿Qué impuestos quedan exentos y por cuánto tiempo?

La normativa en cuestión exime temporalmente, en esencia, dos tributos:

• IDP (Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo) sobre la distribución en territorio nacional de gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas oil.
• IVA sobre la importación y venta de esos mismos productos y del alcohol carburante.

Adicionalmente, suspende la retención de IVA por pagos con tarjeta de crédito o débito en la compra de combustibles.

La vigencia es del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026, ambas fechas inclusive.

3. ¿A qué combustibles aplica?

Esta exención aplica para la gasolina superior, gasolina regular, diésel y gas oil, más alcohol carburante en el caso del IVA. 

4. ¿Quiénes se benefician directamente?

El beneficio está pensado para el consumidor final, pero la exención opera en toda la cadena: importadores, distribuidores y estaciones de servicio. La norma no concede el beneficio a un sector específico. Lo que sí establece es que el tratamiento aplica a la venta de estos combustibles dentro del periodo de vigencia.

5. ¿Debe reflejarse en el precio al consumidor?

Sí, es la intención expresa de la ley. El decreto obliga a trasladar íntegramente el beneficio tributario a los usuarios de las estaciones de servicio. 

6. ¿Qué requisitos deben cumplirse?

La SAT emitió disposiciones administrativas que establecen los procedimientos que deben seguir los distintos participantes de la cadena de comercialización para aplicar y comprobar la exención del IDP y del IVA. 

7. ¿Qué impacto puede tener en empresas y sectores?

Para el transporte de carga, la distribución y el comercio, la reducción de costos de combustible es el beneficio más directo. El impacto fiscal es significativo: el fisco dejará de percibir unos 3.318 millones de quetzales (434,8 millones de dólares) durante el último trimestre del año.

8. ¿Hay límites, excepciones o actividades excluidas?

Sí, varios:

• Temporalidad: la exención está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
• Impuestos previos: los impuestos causados antes de la entrada en vigor no serían objeto de devolución, acreditamiento ni reintegro por efecto del Decreto.
• Productos excluidos: aviación y otros derivados.

9. ¿Qué deben tener en cuenta importadores, distribuidores y comercializadores?

El punto crítico es el inventario. Los combustibles adquiridos bajo la exención que permanezcan en inventario al finalizar el plazo deben venderse sin incorporar los impuestos restablecidos, hasta agotar existencias. Además, el control continuará hasta que se agoten esos inventarios, incluso si los productos se comercializan después del 31 de diciembre de 2026. Por tanto, un distribuidor con stock al cierre de diciembre sigue sujeto a control de la SAT en 2027.

Otro punto práctico: la exención aplica desde la importación hasta la bomba y debe trasladarse íntegra al precio del consumidor. Esto implica que el sistema de control debe seguir el combustible desde la importación hasta la venta.

10. ¿Qué riesgos fiscales o legales pueden surgir?

Se pueden identificar riesgos previsibles a partir de la estructura de la norma:

• Aplicar la exención a combustibles o periodos no cubiertos (aviación, gas propano si no está incluido, ventas fuera del periodo).
• Aprovechar créditos de IVA sobre compras previas sin cumplir los requisitos.
• Vender inventario exento después del plazo sin reincorporar los impuestos.
• Trasladar al consumidor un precio que no refleja la exención, lo que puede ser objeto de fiscalización por el mandato de traslado íntegro.

11. ¿Desde cuándo rige y qué ocurre al terminar?

Entró en vigor el día siguiente a su publicación, el 30 de septiembre de 2026, con la exención aplicable desde el 1 de octubre. Al vencer el 31 de diciembre de 2026, se restablecen IVA e IDP. Los combustibles que queden en inventario se siguen vendiendo sin esos impuestos hasta agotarse, bajo control de la SAT.

12. Recomendación de Alegalis para las empresas ante esta nueva normativa

Recomendaría dos acciones inmediatas a las empresas clientes:

1. Levantar un inventario al cierre de cada mes, separando el combustible adquirido bajo exención del que tributó normalmente, para demostrar el cumplimiento y calcular el impuesto que se restablecerá.
2. Revisar contratos de suministro y políticas de precios para asegurar que el traslado de la exención al consumidor sea verificable y que los contratos no obliguen a asumir impuestos restablecidos sobre inventario.